NO A LAS MACROCARCELES
El pasado mes de julio de 2005, el alcalde de San Sebastián y la directora general de Instituciones Penitenciarias, firmaron un protocolo mediante el que ambas instituciones se comprometían a gestionar la construcción de una nueva prisión "en el menor plazo posible". A finales de octubre, el Gobierno Vasco firmó un preacuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián por el que se compromete a ceder los terrenos que tiene en Zubieta, lo que permitirá el traslado de la cárcel de Martutene y la construcción de pisos protegidos en el espacio que ahora ocupa dicha prisión.
Éstas y otras noticias parecidas, jugando con los datos, son las que han estado lanzándonos los políticos en los medios para confundirnos: primero dijeron 1008 plazas, luego 500 celdas..., hablaron de una macrocárcel, después de varios centros de inserción... Confusión con la que se esconden los intereses especulativos y políticos que existen detrás de estos planes.
Intereses que para nosotros chocan con los de los verdaderos afectados: la sociedad, los vecinos de Zubieta, los presos, los colectivos que les ayudan... a los cuales no se les ha tenido en cuenta ni se les ha informado debidamente.
Queremos mostrar nuestra preocupación por la falta de claridad y criterio a la hora de tomar una decisión tan importante como la de construir una macrocárcel en San Sebastián (Zubieta).
Por todo esto hemos creado una Plataforma contra la construcción de las macrocárceles de Zubieta y Nanclares, integrada por varios colectivos sociales (ONGs, Sindicatos, Asociaciones Culturales, Partidos políticos, particulares, etc.)
Nuestro rotundo rechazo a este proyecto responde, entre otros, a los siguientes motivos:
1ºNo existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de Euskadi, ni de Araba o Gipuzkoa que fundamenten la pertinencia de estos proyectos y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que las cárceles de Nanclares de la Oca y de Martutene están en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de nuevas cárceles, sin ofrecerse ninguna garantía de que será cerrada la actual y obsoleta prisión situada en Nanclares de la Oca y, respondiendo la intención de cerrar Martutene a intereses urbanísticos multimillonarios ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como de la ciudadanía del municipio de Donostia-San Sebastián.
2ºTanto el proyecto de construcción de otra cárcel en el antiguo polvorín de Zabaia en el municipio de Nanclares de la Oca, como el proyecto de cárcel en Zubieta que inicialmente se ha hecho público, plantean construir centros con 500 celdas compartidas, propuesta que es incompatible con lo que establece la ley y, las convierte en la práctica en macrocárceles capaces de albergar a más de 1.000 personas cada una.
3ºNo se han tenido una vez más en cuenta la opinión de quienes viven en los municipios de Nanclares de la Oca y Zubieta, de sus vecindarios correspondientes antes de poner en marcha unos proyectos mastodónticos de esta envergadura. Tampoco, desde un punto de vista de desarrollo sostenible y medioambiental se han hecho que sepamos los pertinentes informes, evaluando los impactos ecológicos y humanos de estos proyectos.
4ºLa política del actual gobierno de construir macrocárceles y en general de construir nuevas prisiones, responde a un modelo que en lugar de buscar crear las condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la fundamental, por no decir única respuesta a los conflictos sociales, apuesta que está en el origen del incremento desmesurado de la población recluida.
5ºConsideramos que la actual administración de justicia penal ha venido demostrando su ineficacia puesto que es incapaz de proteger y reparar a las personas cuando somos víctimas de un delito, ni de garantizar nuestros derechos fundamentales cuando somos procesados o penalizados como presuntos infractores, por lo que resulta imprescindible revisar su papel.
6ºEl actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre que modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.
Plataforma contra la carcel de Zubieta
makroespetxerikezgi@gmail.com
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