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El Gobierno Vasco ha decidido dar ejemplo ante la escasez de plazas para trabajos en beneficio de la comunidad en Euskadi, un problema que se ha propuesto resolver con la ayuda del resto de instituciones vascas. El Departamento de Justicia y Administraciones Públicas, que abandera la iniciativa, va a firmar en breve un convenio con Instituciones Penitenciarias que permitirá crear 25 puestos para este tipo de penas alternativas al ingreso en prisión. Es el primer paso, garantizan en Lakua, para conseguir el objetivo que se ha marcado la consejera Idoia Mendia, que es lograr que para septiembre se hayan habilitado en Euskadi 350 nuevas plazas y duplicar así las existentes hoy en día.

La demanda se ha disparado desde que entraron en vigor las últimas reformas del Código Penal en España, sobre todo desde que se consideran delito algunas infracciones en materia de tráfico. Este ámbito, junto con el relacionado con la violencia doméstica, copa de hecho el grueso de las penas en beneficio de la comunidad que se imponen en los juzgados vascos.

En los últimos dos años -desde enero de 2008 a finales de 2009- se dictaron condenas de este tipo, siempre con el consentimiento del penado, en más de 5.500 casos, pero tal avalancha pone en aprietos a la Administración, que no dispone de trabajos suficientes que encomendar a los implicados. En la actualidad hay 356 plazas (70 en Gipuzkoa, 156 en Álava y 130 en Vizcaya), que son ocupadas por varias personas de forma sucesiva cada año, dado que las penas rara vez superan los 90 días.

Esta carencia estructural en el número de puestos disponibles ha motivado que se hayan quedado sin cumplir cerca de 2.500 sentencias condenatorias en Euskadi, dado que las sentencias de trabajos sociales expiran habitualmente al año de haberse impuesto. En 2008 sólo pudieron cumplirse el 34% de los dictámenes. En 2009, el porcentaje fue superior, del 75%. Pero, aún así, el déficit existe y todo apunta a que irá a más.

El Departamento de Justicia y Administraciones Públicas del Gobierno Vasco se ha marcado como objetivo duplicar en un año el número de puestos disponibles. Es decir, alcanzar las 700 plazas, para lo que ha reclamado de forma expresa la ayuda de los ayuntamientos, que son instituciones donde más fácilmente pueden encontrarse tareas que encomendar a este perfil de personas.

Tareas no remuneradas

La consejera Mendia se ha reunido con Eudel, la asociación de municipios, y con los alcaldes de algunas capitales y ciudades de importancia en Euskadi, a quienes ha reclamado su implicación en el asunto. El departamento ha quedado «muy satisfecho» con la respuesta obtenida en localidades como Vitoria y confía en obtener el visto bueno en breve para sellar por escrito el compromiso con Eudel. Este acuerdo es clave para la creación del grueso de las plazas que se necesitan.

Mientras tanto, Justicia y Administraciones Públicas ha querido dar ejemplo con la creación de un pequeño paquete de 25 plazas. Tienen importancia porque son las primeras que habilita el Gobierno Vasco, que en la actualidad no oferta ninguna de las 356 existentes en el País Vasco, la mayoría en manos de ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro, como la DYA, por ejemplo.

Mendia rubricará el acuerdo que posibilitará estas plazas con el ministro del Interior, Alfredo Rubalcaba, como responsable máximo de Instituciones Penitenciarias, el órgano que se encarga de revisar el cumplimiento de las penas. Los puestos se habilitarán en el área de Administraciones Públicas, que se encarga del parque móvil de la comunidad autónoma, de la jardinería, los archivos o las bibliotecas, lugares idóneos para el cumplimiento de este tipo de penas. La consejería de Mendia no descarta que otras áreas del Gobierno Vasco, como Osakidetza o Educación, abran también sus puertas a este tipo de iniciativa. Las plazas, en todo caso, no pueden nunca sustituir a un puesto de trabajo.

Los trabajos en beneficio de la comunidad no son remunerados y deben ser «constructivos y útiles», según establece la legislación. Deben poder compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple las medidas reeducadoras. En España, un total de 32.716 conductores se han librado de la cárcel tras cometer delitos contra la seguridad vial con estas tareas.