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El Gobierno Vasco espera obtener para este año la transferencia de la gestión de las penas alternativas a prisión (trabajos en beneficio de la comunidad, terceros grados o los controles telemáticos a distancia de reclusos) y del personal sanitario y de educación que trabaja en las cárceles de Euskadi. Además, firmará próximamente con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias un convenio para crear 50 plazas de trabajos en beneficio de la comunidad.

La portavoz del Ejecutivo y consejera de Justicia, Idoia Mendia, fue la encargada de hacer ayer estos anuncios en Vitoria tras el consejo de gobierno. En la actualidad, es la Administración central la que se encarga de gestionar la política de penas preventivas en Euskadi. En el caso de los profesores y sanitarios, una materia que tampoco está transferida, es el Gobierno autonómico quien se encarga de este asunto en virtud a un convenio, aunque éste fue denunciado hace dos años por el anterior Ejecutivo.

Mendia explicó que el Ejecutivo autonómico está trabajando para lograr la transferencia de la gestión de las penas alternativas a prisión, entre ellas el tercer grado (régimen en semilibertad). Agregó que el objetivo es obtener el traspaso para este mismo año, ya que las negociaciones con la Administración central «están muy avanzadas».

«Plan ambicioso»

La consejera socialista explicó que se trata de materias que «ayudan a gestionar mejor el área de reinserción de los penados». Con ese objetivo, los departamentos de Justicia y Administración Pública, y el de Empleo y Asuntos Sociales están elaborando «un ambicioso plan».

El proyecto pretende englobar el itinerario de reinserción de los reclusos, por lo que contempla la formación dentro de las cárceles, el tratamiento de drogodependencias y el seguimiento de los ex reclusos fuera de prisión. Todo ello, con el fin de que «una vez que salgan, no vuelvan a tener que entrar en prisión», según explicó Mendia .

Además, el Gobierno también pretende lograr la transferencia del personal sanitario que se encuentra en las cárceles para gestionar esta materia de forma directa, en lugar de hacerlo a través de un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, como se viene haciendo hasta ahora.

Por otra parte, Mendia anunció el objetivo de incrementar las plazas para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad. De esa forma, según indicó la consejera, se pretende acabar con «el atasco» que ha generado el incremento de las personas condenadas por delitos de tráfico, derivado de la reforma del Código Penal en lo referido a las infracciones en la circulación rodada.

Mendia explicó que espera que las 300 plazas existentes en estos momentos puedan incrementarse hasta las 700, ya que en la actualidad muchas personas condenadas por delitos de tráfico pueden verse perjudicadas por la imposibilidad de cumplir sus condenas a través de esta vía, al no haber plazas suficientes.

Con ese objetivo, el Departamento de Justicia y Administración Pública firmará próximamente un convenio con Instituciones Penitenciarias para habilitar 50 nuevas plazas para este tipo de trabajos.

Con estos avances, el Gobierno Vasco mantiene su estrategia de ir paso a paso en la asunción de la transferencia de Prisiones, sin plantearlo como «o todo o nada», como consideran que hacía el anterior Ejecutivo del PNV, que ha reclamado históricamente a Madrid el traspaso total de la competencia de las Prisiones aludiendo al propio Estatuto de Gernika.