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Diario de Noticias Sabado 25 de Octubre de 2008

Piden que se paralice la expulsión de un extranjero absuelto por el Supremo

Pamplona.

Sos Racismo Nafarroa, STEE-EILAS, ESK, CGT y Plataforma Papeles y Derechos Denontzat denunciaron ayer lo que consideraron una "situación de vulneración de derechos humanos" que a su juicio sufre un ciudadano argelino vecino de Pamplona. En este sentido, los cinco colectivos señalaron delante del Palacio de Justicia de Pamplona que Madjid Sahouane ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban en la operación Nova y "pese a estar toda su documentación en regla" ha sido detenido y se le ha abierto expediente de expulsión. Exigieron, por ello, la paralización del proceso y su puesta en libertad.

Ante una pancarta con el lema No a las expulsiones , Leyre Olza y Javier Urroz leyeron un comunicado en el que explicaron que Madjid "fue detenido en 2004 acusado de pertenencia a un grupo terrorista. Tras pasar cuatro años en prisión preventiva, el pasado 7 de octubre fue absuelto por el Tribunal Supremo" junto a catorce personas que habían sido condenadas por la Audiencia Nacional en la operación Nova . Una semana después fue detenido "por habérsele abierto expediente de expulsión".

El 16 de octubre el Juzgado de Instrucción número uno de Pamplona acordó, "como medida cautelar, el internamiento" de esta persona en el Centro no penitenciario de Madrid por un plazo de cuarenta días. La juez argumenta que no le compete "controlar la legalidad o corrección del expediente de expulsión", sino "valorar si el caso de que el expediente incoado termine con una orden de expulsión, el extranjero podrá ser hallado para hacer efectiva tal resolución". Los denunciantes señalaron que se le ha aplicado el párrafo a del artículo 54.1 de la Ley de Extranjería, que afecta a "los culpables de participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves".

Los cinco colectivos sostienen que la situación de este hombre, que vive desde 1992 en el Estado, "es un atentado contra sus derechos humanos", ya que "ha sido arbitrariamente detenido, retenido y va a ser expulsado". Asimismo, rechazaron "la persecución que sufre el colectivo musulmán en España, especialmente tras los atentados del 11-S y del 11-M, un colectivo estigmatizado y percibido como culpable por parte de autoridades políticas, judiciales, policiales y mediáticas". En este sentido, aseguraron que "la población árabe musulmana es constantemente discriminada por razón de su origen étnico y de sus creencias religiosas", una discriminación que "constituye una flagrante violación de los derechos humanos que no debe ser tolerada". Finalmente, convocaron una concentración para el lunes 27 de octubre, a las 20.00 horas, en la plaza de Merindades de Pamplona.

d.n.