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"La población reclusa se dispara pero los índices de criminalidad son bajos"

la especialista navarra censura la contundente reforma del código penal

La abogada critica que se está legislando a golpe de titular informativo y que la opinión esta "muy condicionada"

Donostia. Hay quien ya ha bautizado los tiempos que corren como de populismo punitivo. Cualquier suceso que conmocione tiende a provocar una reforma legislativa, y surgen así penas de prisión por doquier, a golpe de titular informativo, que comienzan a atestar unos penales en los que "casi nadie" confía. El mito de la reinserción carcelaria dicen que "ha muerto".

La puntilla la acaba de poner la contundente reforma del Código Penal de 1995, el de la democracia, para dar respuesta a las demandas sociales de mayor dureza contra la delincuencia y el terrorismo. "Si el panorama ya estaba mal, se nos avecina ahora una buena con esta reforma. Por lo que parece, la única apuesta es cárcel y más cárcel, tanto, que ya estamos a la cabeza de Europa en población reclusa pero, paradójicamente, tenemos unos índices de criminalidad que se sitúan por debajo de la media", censura la abogada navarra Patricia Moreno.

Esta letrada especialista en Derecho Penal y Penitenciario participó ayer en Donostia en las VI Jornadas sobre Cárcel y Exclusión Social , organizadas por la Asociación Arrats, que trabaja en la integración de presos.

La abogada no perfiló un panorama demasiado halagüeño respecto al futuro que traen consigo las reformas legislativas en materia de política criminal ya que, según insistió, el endurecimiento de penas y medidas que introduce el anteproyecto para delincuentes sexuales y terroristas se está llevando a cabo "a golpe de conmoción".

Y puso ejemplos muy concretos. "La reforma de los delitos sexuales tiene como principal razón de ser el caso Mari Luz; la reforma de la libertad vigilada tiene mucho que ver con Juan Ignacio De Juana, y el delito de piratería, que también se ha introducido en la reforma, guarda mucha relación con el caso Playa de Bakio ", expuso gráficamente, con una interpretación muy clara de todo este listado.

opinión pública 'machacada' La opinión pública, a su entender, está siendo "machacada" por una sucesión de acontecimientos que acaban por despertar miedo en la sociedad, y ésta acaba convencida de que no hay más solución que la prisión. Pero se muestra contraria a este modo de "legislar en caliente", entre otras cosas, porque "estadísticamente está demostrado que no es la solución".

En primer lugar, precisó, porque el Código Penal no es un libro de mesilla para la gente que delinque habitualmente. "El pederasta, por ejemplo, a la hora de cometer sus actos no está consultando ni mucho menos si le van a caer dos, tres o cinco años de prisión", aseguró la abogada.

Pero además, para los expertos hay algunas medidas que se están haciendo "de cara a la galería", como por ejemplo puede ser la reforma que introduce la libertad vigilada. Entre otras cosas, porque en la práctica no se va a materializar hasta dentro de varias décadas.

Así, el juez podrá decretar que, una vez agotada la condena, se cumplan hasta 20 años de libertad vigilada, lo que incluye medidas especiales como la de estar siempre localizable, no poder acercarse ni comunicarse con su víctima, no desempeñar determinadas actividades... Todo ello dentro de un plazo indeterminado. "Supongamos que un preso de ETA comete un delito en 2009. Igual le pueden caer cuarenta años de prisión y sólo después de ello le aplicarán esa pena accesoria", ejemplificó la letrada.

hacinamiento Entre tanto, las trabas para acceder a medidas de cielo abierto "son cada vez mayores" y en las cárceles del Estado se está dando un progresivo hacinamiento con una "preocupante media" de 19 nuevos presos diarios.

Desde que esta abogada comenzó a ejercer su profesión en el año 1991, el incremento ha sido incesante. Por aquel entonces la población reclusa se elevaba en el Estado a algo más de 30.000 reos, una cifra que 17 años después se dispara a más de 72.922, según datos de este mismo mes.

Sólo este año el incremento ha sido de 5.859 personas, y "no hay sistema penitenciario ni presupuesto que aguante toda esta situación. La respuesta que estamos encontrando es cárcel y más cárcel porque parece que es lo que la gente quiere", lamenta la abogada navarra, convencida de que no se está teniendo en cuenta el "gasto personal" que acarrea este modo de legislar.

Moreno trabaja junto a un equipo integrado por otros cuatro abogados, los mismos que conforman el servicio de orientación jurídico-penitenciario que llevan una década visitando la prisión de Pamplona. Todos se muestran convencidos de que actualmente "no existe una reflexión sincera sobre el sufrimiento tan intenso que supone una pena privativa de libertad".